Latin American Program in the News: "Estado, criminales y post-conflicto: las claves del futuro de la violencia en Colombia"

"Peor de lo que creemos

El Informe Global de Homicidios 2013 de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) ubica a Colombia como el segundo país más violento de Suramérica y el quinto de América Latina, con una tasa de homicidios (32 por cada cien mil habitantes), muy superior al promedio mundial. Si bien estamos mejor que hace algo una década, el ritmo de mejoría se ha venido frenando.

Colombia está estancada en un nivel de violencia epidémica, que se manifiesta  persistentemente en ciertos territorios. Las bajas y las alzas en las tasas municipales se prestan para un juego de sumas y restas que sirve a las autoridades para argüir que el homicidio sigue disminuyendo. Su conclusión: si bien en comparación con otros países seguimos mal, al menos no estamos peor en relación con nuestro pasado.

El Informe señala que hacemos parte del continente más violento del mundo (con el 36 por ciento de los homicidios que ocurrieron en 2012), y que en Colombia ocurre uno de cada 30 homicidios del total mundial. Solo nos superan los países del “triángulo norte”  (Honduras, Guatemala, Salvador) y Venezuela. Si esto no es un motivo de preocupación, habría que preguntarse si hemos perdido la noción de lo que no es aceptable.

Los dos riesgos emergentes

El Informe pone sobre la mesa dos puntos claves para el futuro de la violencia en Colombia: el papel del crimen organizado y las economías ilegales, y los riesgos de la etapa de post-conflicto.

Si bien parte de la idea de que la violencia tiene muchas explicaciones y facetas, el Informe resalta que América los homicidios vinculados a la delincuencia organizada constituyen el 30 por ciento del total – en Europa, Asía y Oceanía apenas llegan al 1 por ciento. En el caso de Colombia, hasta el 60 por ciento  de los homicidios estarían relacionados con actividades criminales.

Para decirlo claro: no es la intolerancia de los ciudadanos lo que nos ha llevado a esta situación, sino la inercia de una violencia instrumental por parte de actores “legales” e ilegales. El resultado: se han formado contextos de impunidad donde surgen y operan múltiples formas de violencia criminal e interpersonal, que se entrecruzan poniendo en duda la noción de lo legítimo y lo legal. No hay que olvidar que, según la cuentas de DeJusticia en “Esfuerzos irracionales: investigación penal del homicidio y otros delitos complejos”, los homicidios dolosos en Colombia tienen un nivel de impunidad procesal del 95 por ciento.

De otro lado, el  Informe de Naciones Unidas hace una advertencia: “Para los países que van saliendo de un conflicto es decisivo prestar atención a la delincuencia y el homicidio en todas sus formas, ya que la violencia vinculada al crimen puede igualar, e incluso superar, a aquélla generada por el conflicto mismo”. Esta suerte de profecía, repetida pero no suficientemente atendida en Colombia, plantea incertidumbres sobre lo que podría suceder tras la firma de los acuerdos con las FARC. Si el Estado no es capaz de contener la violencia, la violencia acabará por configurar – una vez más - al Estado.

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