El balance del primer ministro presidente en la historia contemporánea de la Suprema Corte que no proviene de la carrera judicial –esto es, no fue antes juez de distrito ni magistrado de circuito– revela a un personaje contradictorio y lleno de claroscuros. Como ministro de la Corte, Zaldívar había construido una reputación como un juez constitucional progresista, que defendía posiciones de avanzada y que no dudaba en poner límites al poder. Sin embargo, sus últimos cuatro años como presidente de la Corte han revelado a un personaje muy distinto.

No es lo mismo el ministro Zaldívar que el presidente Zaldívar. Sus acciones y silencios son evidencia de su sumisión y complicidad con el poder en turno, y su personalismo sugiere que estamos frente a un personaje más interesado en su futuro político que en velar por la independencia judicial. Durante su presidencia hemos sido testigos de la paulatina transformación de un buen ministro a un mal ministro presidente –o quizá simplemente presenciamos la revelación de las verdaderas ambiciones de un político con toga.

Su llegada a la presidencia en enero de 2019 ocurrió en el contexto del apabullante triunfo de López Obrador y Morena, su partido. Al presentarse a sí mismo como uno de los escasos personajes en la judicatura que llevaron una buena relación con figuras clave del obradorismo, Zaldívar supo aprovechar la coyuntura no solo para reivindicar su ruptura con actores políticos del pasado –como el ex presidente Felipe Calderón, quien lo propuso como ministro en 2009– sino también para transformarse a sí mismo en su segundo intento por alcanzar la presidencia. Si en 2014, en el auge del Pacto por México, se presentó como un adalid de las reformas estructurales y del crecimiento económico, en 2018, después del triunfo de López Obrador, Zaldívar se confesó como creyente de la austeridad y los derechos económicos, sociales y culturales.

Las expectativas eran altas y los grandilocuentes discursos del recién nombrado así lo demuestran. Si finalmente había llegado a la presidencia de la Corte era por acercar la justicia en México a quienes más la necesitaban, erradicar la corrupción y nunca más permitir arbitrariedades en sede jurisdiccional. En sus propias palabras, se trataba de iniciar “un diálogo constructivo y fructífero con los otros Poderes”. Y decía, enfático, que “independencia no es aislamiento, independencia no es intolerancia, independencia no es romper el diálogo”.

Sin embargo, ese supuesto diálogo independiente no sería otra cosa que un eufemismo para tomar decisiones complacientes con el gobierno obradorista. Sus posiciones y votos hablan por sí solos y dejan constancia de la profunda discrepancia entre sus dichos y los hechos. Los ejemplos son tan variados como bochornosos: desde su patético papel al salvar la consulta popular para juzgar a los expresidentes, pasando por la manipulación de la votación en la impugnación de la Ley de la Industria Eléctrica, hasta los más recientes en materia de prisión preventiva oficiosa, donde una inusual pureza interpretativa de Zaldívar permitió que no se terminara una figura que viola derechos humanos. No cabe la menor duda: Zaldívar se equivoca si cree que el pan y el circo de Tiktok bastan para pasar a la historia como el ministro presidente que finalmente transformó la justicia en México.

Y es que esa, precisamente, es una de las principales críticas que es posible hacer a su mandato: la combinación de sus ánimos personalistas y sus discursos populistas en aras de ostentarse como el único ungido capaz de poder llevar una buena relación política con López Obrador. Menospreciando la institucionalidad y colegialidad, Zaldívar olvidó por completo la opinión y el lugar de sus pares, intentando que la voz del ministro presidente fuera la de la Suprema Corte.

En tal sentido, su gestión se caracterizó por un indivudualismo nunca antes visto en la historia del Poder Judicial. Siguiendo los pasos de López Obrador, Zaldívar se encargó de personificar su puesto hasta las últimas consecuencias, ya sea ideando una especie de conferencia de prensa muy parecida a las mañaneras obradoristas, tratando de erogarse facultades que no le corresponden (como las de presentar un proyecto de iniciativa de ley ante el Congreso de la Unión), o redactando e impulsando sin el conocimiento de sus colegas o del gremio en general la reforma judicial más importante que se ha realizado en el país desde hace más de 25 años.

El estilo particular de gobernar al Poder Judicial de Zaldívar nunca fue más allá de él mismo. La forma tan indiferente y conveniente de tratar la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, así como lo silencios ante las amenazas y afrentas por parte del Ejecutivo hacia jueces y juezas que realizan su trabajo en apego a la ley pero que no gustan al poder en turno, tristemente, dan prueba de ello. El presidente que en redes sociales opina de fútbol, recomienda canciones de trova y presume sus zapatos, ha guardado un silencio cómplice cuando se trata de defender a la judicatura.

Quizá el punto más relevante de este balance no es otro que el inconstitucional intento por ampliar su mandato en la presidencia de la Suprema Corte, uno de los episodios más polémicos y que más legitimidad le ha costado a la judicatura en épocas recientes. Jugando con posiciones ambiguas y cambiantes, Zaldívar se hizo el desentendido de lo que podía ser una manifiesta violación a la Constitución para perpetuarse en su cargo. El fracaso judicial de dicho fiasco puso en evidencia a un personaje que desde los primeros meses de su nombramiento como ministro presidente decidió tirar por la borda su prestigio como jurista en aras de convertirse en un mero político oportunista cuyas convicciones flaquean frente a sus ambiciones.

Muy a su pesar, Zaldívar no será recordado como el gran reformador de la judicatura, sino como el gran agente de la intervención obradorista. Por ello, no sería raro que este contradictorio personaje pronto deje la toga y pretenda seguir los pasos de Medina Mora para regalarle una nueva designación en la Corte a López Obrador. Y quizá sus Tiktoks ya no se graben en la sede de la Suprema Corte, sino en el seno de alguna campaña electoral.

Juan Jesús Garza Onofre y Javier Martín Reyes. Investigadores de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM).