Militarización y estado de derecho en México: Hacia un callejón sin salida

El pasado 4 de octubre el gobierno logró que una mayoría calificada en el Senado de la República aprobara su propuesta para extender la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028. Ante el creciente empoderamiento económico y político de las Fuerzas Armadas en México es preciso preguntarnos cómo se ve afectado el orden constitucional, la democracia y el equilibrio de poderes, y en todo caso qué alternativas y posibilidades existen para frenar, contener o revertir el proceso. Es posible que la progresiva militarización, ya no solo de la seguridad pública sino de cada vez más tareas civiles, esté generando un círculo vicioso que nos está conduciendo a un callejón sin salida en términos del estado de derecho. El proceso avanza y las alternativas se están quedando atrás. 

Un modo de ver el efecto de la militarización intensificada desde el 2018 es que las Fuerzas Armadas realizan progresivamente más tareas de gobierno y menos tareas de estado. Las tareas de estado son menos permeables por los cambios electorales, más permanentes, y se realizan de modo similar independientemente de quien gane la presidencia o el congreso. La seguridad nacional por ejemplo, el cuidado de las fronteras y la integridad del territorio, es una tarea de estado.  Las tareas de gobierno, en contraste, como debe ser en un régimen representativo, responden más directamente al mandato de las urnas, se adaptan a los cambios de preferencias de la población. La seguridad pública, y ya no se diga la administración de aduanas, la construcción de aeropuertos y trenes, o la administración de una aerolínea, son tareas de gobierno.

El presidente López Obrador justifica la delegación de una mayor cantidad de tareas de gobierno a las Fuerzas Armadas con tres argumentos recurrentes: que son disciplinadas, eficaces y honestas, que gozan de altos niveles de confianza por parte de la ciudadanía, y que esta delegación dificulta que futuras administraciones las abandonen. Estas justificaciones, las tres, tienen problemas. Por ejemplo, diversas organizaciones han cuestionado que la eficacia de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad ha sido cuestionada (véase, entre otros, el reporte reciente de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD),  “El negocio de la militarización”). Pero algo en lo que no se ha reparado lo suficiente es en las dinámicas perversas que estas justificaciones están generando, en específico sus potenciales efectos en el estado de derecho.

Tomemos como ejemplo la administración de las aduanas. Al transferir esta tarea de gobierno a las Fuerzas Armadas se les resta presupuesto y capacidades a las instituciones civiles que realizaban dichas tareas. Esto, por un lado, hace cada vez menos factible que esas instituciones civiles se fortalezcan para realizar bien la tarea. Por otro lado, expone a las Fuerzas Armadas a los mismos dilemas y retos que enfrentaban las instituciones civiles en esa área. Esto llevará a que se extienda en el tiempo la intervención militar en este tema o incluso quizá a extender su participación en tareas relacionadas. Ahí hay un círculo vicioso. Sin embargo, a diferencia de las instituciones civiles, por nuestra historia y equilibrios políticos las Fuerzas Armadas no rinden cuentas. En el reporte “El negocio de la militarización” se detallan los mecanismos que utilizan las Fuerzas Armadas para opacar el uso de recursos públicos, entre los que están las adjudicaciones directas, invitaciones restringidas a contratos para proyectos, el abuso del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar (FPAPEM), y el abuso de la normatividad de seguridad nacional para evadir responsabilidades de transparencia. En otras palabras, al delegar esas tareas a militares y marinos se tienen menos herramientas institucionales para atender los previsibles episodios de corrupción, ejecuciones deficientes, o simplemente errores.

El círculo vicioso descrito puede llevar a un callejón sin salida. La incursión de las Fuerzas Armadas en tareas de gobierno implica exposición y participación en la política cotidiana: sus instituciones y sus miembros son llevados a la arena de la competencia partidista por el poder, de los dimes y diretes en los medios de comunicación y redes sociales, de la cotidianidad convulsa de la política en las sociedades complejas. Por supuesto, esta exposición implica un desgaste de la “imagen” de las Fuerzas Armadas y, eventualmente, de la confianza que la gente deposita en ellas. La incursión en tareas de gobierno, el intento de que la delegación a las fuerzas armadas amarre las manos a futuros gobiernos, también implica una mayor partidización de las Fuerzas Armadas, su progresiva identificación con un proyecto político específico. Y algo más serio: implica la pérdida de neutralidad, una característica esencial para las instituciones que cumplen tareas de estado y que las Fuerzas Armadas en México por décadas lograron mantener (en un grado considerable, sobre todo en comparación con otros países de nuestra región).

Ante el desgaste de la imagen de las Fuerzas Armadas se tendrá que tomar una decisión: O se les deja caer en el espiral descendiente de desconfianza y partidización, lo cual traería importantes mermas de su neutralidad, de la separación de poderes y el estado de derecho. O se les protege de escándalos, se fortalece una mal entendida “autonomía militar” que las ponga (aún más) por encima de las leyes y la Constitución, lo cual también implicaría serios problemas para el estado de derecho y las relaciones cívico-militares. Recordemos que, como enfatiza Fernando Escalante, el ejército “no es el pueblo” sino una corporación que (como todas las corporaciones) opera con una lógica de acumulación de capacidades y recursos, protección de sus miembros, dinámicas y normas internas fuertes que los diferencian del “exterior”.

En suma, el proceso de militarización está llevando a México a una situación en donde los beneficios son inciertos, el claro ganador en términos de acumulación de influencia política y poderío económico es el ejército, y el seguro perdedor es el estado de derecho y la ya precaria democracia constitucional.

¿Cómo salir, detener, o revertir este proceso? Existen controles político-jurídicos, político-legislativos, y político-sociales. Dentro de los primeros, la Suprema Corte de Justicia brilla por su ausencia: ha abandonado su tarea de delinear cómo se pueden atender las demandas contradictorias dentro del marco de nuestros principios y reglas constitucionales. Todavía puede intervenir, aunque la historia de su deferencia ante las fuerzas armadas lo hace poco probable. Sobre todo, mientras más espera más irrelevante será su participación. Los controles político-legislativos sufrieron un duro golpe con la aprobación en el Senado de la reforma para extender la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública hasta 2028. Finalmente,los controles político-sociales (manifestaciones, participación pública, presión al gobierno, participación electoral) han estado inactivos o adormecidos por la todavía alta popularidad del presidente López Obrador y la confianza mayoritaria de la que aún gozan las Fuerzas Armadas. Si la dinámica del círculo vicioso es correcta esto cambiará, pero las participaciones ciudadanas se darán en un contexto institucional, político y social más precario y polarizado.