I. El artículo 97 de la constitución mexicana es puntual y preciso: “Cada cuatro años, el Pleno  elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior”[1]. El ministro Arturo Zaldívar fue electo en enero de 2018 por lo que su mandato concluye en diciembre de 2022.

Si bien existió un intento para prolongar su mandato por dos años más, imperó la sensatez y la norma y la propuesta no prosperó. Así que hoy existen cinco aspirantes a sucederle. Tres ministros y dos ministras cuyos nombres se someterán a votación en una sesión pública que iniciará el lunes 2 de enero del 2023.

II. No me detengo a describir con detalle los perfiles de las cinco personas aspirantes pero sí dejo constancia de que son relativamente diferentes. La ministra Yasmín Esquivel Mossa ha sido funcionaria pública en los tres órdenes de gobierno y, aunque ha ocupado cargos en el ámbito jurisdiccional, no es juzgadora de carrera. La ministra Norma Piña Hernández, en cambio, tiene larga trayectoria al interior del Poder Judicial Federal como secretaria, jueza y magistrada. Ese es el caso también del ministro Alberto Pérez Dayán. Pero no lo es del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena que se desempeñó como abogado practicante y como servidor público en el sector hacendario. En ese mismo sector trabajó el ministro Javier Laynez Potisek después de una larga trayectoria en la administración pública federal.

III. Más allá de los méritos de cada cuál el dato es importante porque solo dos de los cinco aspirantes provienen de la carrera judicial. El hecho trasciende de una dimensión simbólica al menos por tres razones: a) el Poder Judicial Federal es una organización cuyos miembros suelen tener un alto sentido de pertenencia; b) el Presidente de la SCJN saliente no provenía del poder judicial lo que generó reservas a su llegada y durante su desempeño de parte de algunos sectores de la judicatura; c) el Presidente de la República, López Obrador, ha tenido un discurso hostil de confrontación hacia las personas juzgadoras lo que ha generado malestar entre estas últimas.

Así que el origen profesional de la ministra o ministro que presidirá a la Suprema Corte tendrá efectos imprevisibles al interior del poder judicial.

IV. La persona que sea electa tendrá que ganarse pronto el reconocimiento interno para ejercer un liderazgo eficaz. Ello sobre todo porque sigue en proceso de implementación la ambiciosa reforma judicial de 2021 que impulsó el Presidente Zaldívar y que ya no tuvo tiempo para consolidar. Una reforma que busca alterar prácticas y dinámicas muy arraigadas en el judicatura y que no ha sido ni será sencillo remontar.

Dicha reforma no alteró un arreglo constitucional que para algunos estudiosos -entre los cuales me encuentro- es equivocado. Me refiero a la decisión de que la persona presidenta de la Suprema Corte también lo sea del Consejo de la Judicatura Federal (Art. 100 de la constitución mexicana). Se trata de un diseño que fortalece la figura de la presidencia al interior del Poder Judicial y, al mismo tiempo, paradójicamente, la debilita. Al presidir el consejo se tiene poder sobre el órgano que administra, vigila y disciplina al Poder Judicial pero también se multiplican y fragmentan las responsabilidades. Recordemos que, además de conducir la agenda jurisdiccional, también quien preside debe administrar y representar a la Suprema Corte.

Ese cúmulo de tareas simultáneas estará esperando a la persona designada.  

V. Hacia el exterior el reto también es grande. No solo por los rezagos y vicisitudes que aquejan a la administración de justicia mexicana en general sino porque, como ya he advertido, el contexto político es adverso. Ningún Presidente de México en tiempos democráticos había tenido una actitud tan hostil y sesgada en contra del poder judicial como López Obrador.

Es cierto que, en realidad, el presidente, hostiliza a todas las instituciones que sirven de contrapeso al Poder Ejecutivo pero en el caso de la judicatura es muy delicado porque se ponen en jaque a la independencia y a la imparcialidad necesarias para juzgar. López Obrador lo hace, además, estigmatizando con vituperios a personas juzgadoras en los individual, a tribunales o incluso a la Suprema Corte cuando se adoptan decisiones que no son de su agrado.

El Presidente Zaldívar optó por una estrategia de cercanía discursiva y simbólica. Ello le granjeó críticas dentro del propio poder que encabezó y desde algunos sectores de la opinión pública especializada. Pero lo cierto es que logró sacar adelante la reforma que impulsó y salvaguardar políticas y presupuestos que el Presidente de la República amenazaba.

La nueva persona que ocupe la presidencia deberá decidir si mantiene la estrategia, incrementa la cercanía o, por lo contrario, apuesta por el distanciamiento e incluso, si es necesario, por la confrontación.

Una decisión difícil en cualquier circunstancia pero sobre todo de cara a la elección nacional que tendrá lugar en 2024.

VI. He estudiado recientemente diversas decisiones de la SCJN -pleno y salas- sobre asuntos que involucran al Poder Ejecutivo. No encontré evidencia de que la primera sea obsequiosa con el segundo. Mis conclusiones se publicarán en la revista Nexos de enero próximo.

[1] Me parece interesante subrayar el lenguaje decimonónico de la disposición que solo considera la posibilidad de que se designe un Presidente y no una Presidenta de la corte.