En esta publicación, Gloria Porras examina el efecto del fenómeno de la corrupción trascendiendo fronteras y cómo ésta afecta a la independencia judicial del Triángulo Norte.

En un mundo tan conectado como el actual, no es de extrañar que las actividades de estructuras criminales y grupos de poder afecten múltiples territorios y países. Durante la última década, pareciera que el término “corrupción” es incapaz de describir el alcance de los hechos que reportan los medios de comunicación en la región centroamericana. La reciente pandemia de COVID-19 podría ser otro detonante y el último ejemplo de cómo la corrupción afecta a la sociedad ante el repunte de denuncias por irregularidades durante el manejo de la crisis en varios países de Latinoamérica.

Desde 2016, los ataques a jueces, magistrados, abogados y fiscales en el Triángulo Norte han adoptado un enfoque particularmente preocupante. Las acciones de presión contra los operadores de justicia en general presentan patrones similares, con identidad de actores y un enfoque sistemático de acoso y hostigamiento que nacen precisamente, en casos donde se discute los intereses de aquellos que forman parte de los grupos de poder. La interferencia del ejecutivo bajo la forma de acciones directas que invaden el ámbito judicial, así́ como de presiones y amenazas hechas públicamente a través de los medios o en privado, erosionan la independencia de la judicatura y acrecienta la desconfianza de los ciudadanos en el sistema.